El ahorro esperado por el Gobierno a través de la instalación de 600 MW eólicos en Canarias sólo se materializará si la retribución que se fija es razonable y suficiente, según la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN).
El Ejecutivo canario y el central se han sentado a lo largo de los últimos días para fijar los incentivos que percibirán los nuevos parques eólicos de las islas, que corresponden a los previstos en la convocatoria de pre-asignación para las Islas Canarias, que dejó fuera el Real Decreto-Ley 1/2012, en el que se introdujo la moratoria a los proyectos eólicos.
Sólo si estos incentivos son suficientes, se construirán los nuevos parques eólicos, que supondrán un ahorro de 150 millones de euros anuales con los precios actuales de los combustibles, y más de 257 millones en el año 2016 si se toman en consideración las estimaciones de aumento de los precios de los combustibles fósiles y la previsible mejora de la eficiencia de los aerogeneradores.
Dado el ahorro que supone su instalación, el Ejecutivo ha decidido desbloquear estos proyectos. El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, con el objetivo de “reducir los costes de los mismos y profundizar en los mecanismos de control y supervisión para asegurar la seguridad de suministro y la sostenibilidad económica de estos sistemas”.
Ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debería fijar cuanto antes la retribución que percibirán las nuevas instalaciones, así como garantizar que esta retribución se cumplirá, con el fin de beneficiarse cuanto antes del impacto positivo que supone la eólica.
Los 160 MW eólicos instalados en las Islas Canarias, que produjeron 387 GWh en 2012, supusieron un ahorro de 36 millones de euros en el déficit tarifario, según cálculos de Asociación Empresarial Eólica.
El procedimiento de selección de las centrales que deben cubrir la demanda en cada isla –conocido como despacho- lo realiza el operador del sistema, REE, en base a unos costes reconocidos que son en parte fijos (en función de la potencia disponible) y en parte variables (en los que influyen factores como el precio de los combustibles). La eólica rebaja los costes variables al desplazar del sistema tecnologías que resultan más caras por usar combustibles fósiles y, por lo tanto, reduce la factura energética y las transferencias de rentas.
En 2012, los costes variables medios del conjunto de sistemas insulares fueron de 190 €/MWh. Si se resta la retribución total media de la eólica, de 81,25 €/MWh –la misma que para las instalaciones de la Península-, resulta un ahorro de unos 108,75 €/MWh. La suma del ahorro anual es de 36 millones de euros, ya descontados los 14 millones de euros de primas.
