El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el Decreto ley del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, destinado a facilitar inversiones de ahorro, eficiencia energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes renovables en las edificaciones y espacios urbanos de la comunidad autónoma.
Además de regular la estrategia de reactivación del sector de la construcción bajo criterios de viabilidad económica y ambiental, la norma incluye medidas a corto plazo como la convocatoria inmediata de incentivos para este fin, con una dotación de 200 millones de euros para 2014 y 2015.
Esta iniciativa del Gobierno andaluz se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre otros indicadores que la justifican, destaca la incidencia que la crisis económica ha tenido en la construcción, un sector que ha perdido 356.000 ocupados desde 2007 (más de la mitad del total registrado en la economía andaluza) y que actualmente presenta una tasa de paro asociado de más del 40%.
De igual modo, se pretende paliar la repercusión negativa del continuo encarecimiento del precio de la electricidad y el gas sobre las economías domésticas y empresariales (en los últimos cinco años del kilowatio/hora se ha incrementado un 63% en España, frente al 29% de la zona euro).
Durante la presentación de la nueva norma, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha destacado la relevancia de la construcción en la comunidad, uno de los «sectores más trascendentales», con una gran influencia en el empleo. En este sentido, ha manifestado que la Junta apuesta por la construcción sostenible «como motor para la recuperación económica y la creación de puestos de trabajo».
Ha explicado que el objetivo de esta norma es «reactivar el sector de la construcción a través del desarrollo de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables en edificios de la comunidad». Se trata así, ha señalado, «de un compromiso de la presidenta de la Junta, que sigue las líneas marcadas por el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía», firmado con agentes económicos y sociales.
Todas estas medidas, ha apuntado el consejero, «hacen necesario impulsar medidas que mejoren la actividad en la construcción y la desvinculen del ámbito especulativo al que se ha unido en la actual crisis, impulsando su desarrollo sostenible y productivo». Al mismo tiempo, ha añadido, el Gobierno andaluz considera que la rehabilitación de edificios en Andalucía debe ir en la línea de la sostenibilidad, una apuesta que puede servir como motor de reactivación económica y generación de empleo (se estima que el sector de la construcción tiene entre 40-70% de potencial de ahorro económico y energético).
La norma, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, establece un conjunto de medidas para aprovechar a fondo el potencial de ahorro económico y energético del sector de la construcción.
Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), alrededor de la mitad del parque inmobiliario andaluz, construido antes de la entrada en vigor de las normas de eficiencia energética, es susceptible de obras de renovación que permitirían ahorros superiores al 70% en los hogares y del 50% en los edificios del sector terciario. A ello se suma la capacidad de generar empleo de la actividad rehabilitadora, tres veces superior al de la edificación de nueva planta.
En relación con las iniciativas a corto plazo, el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible establece dos líneas de actuación: un programa de ayudas para proyectos en edificios, con un presupuesto de 150 millones de euros para dos años, y otro para financiar planes empresariales de reconversión de las pymes del sector, con 50 millones.
A través de la primera línea se incentivarán obras de rehabilitación, reforma y adaptación y renovación de instalaciones para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como el aprovechamiento de fuentes renovables. Estas ayudas, financiadas con fondos europeos Feder y gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía, estarán vigentes a partir del próximo 1 de abril y beneficiarán a ciudadanos, empresas y otras entidades.
Con un importe máximo de 200.000 euros por beneficiario, los incentivos tendrán un plazo de resolución de un mes y respaldarán dos tipos de proyectos. Por un lado, la adecuación energética de edificios para mejorar su comportamiento térmico y las condiciones de iluminación natural (intervenciones sobre fachadas, cerramientos verticales, cubiertas o suelos, renovación de ventanas, cerramiento de terrazas techadas e incorporación de elementos de aprovechamiento de la luz natural, entre otras). En segundo lugar, también podrán acogerse los trabajos de dotación de instalaciones eficientes o de energías renovables en ámbitos como la iluminación eficiente, la climatización o los ascensores.
Obras de reforma
Las intervenciones de reforma o adecuación, tanto parciales como totales, se realizarán sobre edificios existentes y serán ejecutadas por empresas colaboradoras que se adherirán previamente al programa y se acreditarán como tales ante la AAE. Estas firmas se encargarán directamente de presentar las solicitudes de forma telemática, como un servicio más a los promotores de las obras.
Las ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, es decir, sin comparación entre solicitudes, y se resolverán por orden cronológico de entrada en el registro. Con el fin de garantizar la cohesión territorial, el presupuesto se repartirá entre las distintas zonas de la comunidad teniendo en cuenta criterios poblacionales. En el caso de proyectos con presupuesto inferior a 18.000 euros (IVA excluido), la empresa adelantará el incentivo al solicitante, a modo de descuento en la factura, y cobrará una vez ejecutada la totalidad de la obra. Si la intervención supera los 18.000 euros, se realizará un pago parcial de la ayuda previa acreditación de al menos el 50% de la ejecución.
Los proyectos que conlleven la realización de una obra requerirán una inversión mínima de 500 euros. La subvención cubrirá entre el 60% y el 80% del coste total en función de la tipología y del grado de innovación. Por su parte, las intervenciones que consistan en instalación o renovación de equipos se respaldarán a partir de una inversión mínima de 400 euros, con una cobertura de entre el 40% y el 90% del coste total.
La segunda línea de ayudas, con un presupuesto de 50 millones, se desarrollará en el marco de los fondos reembolsables del programa europeo Jeremie para microempresas y pymes, incluidas las de economía social. Gestionada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, su objetivo se centrará en financiar planes para la reconversión de las empresas del sector hacia actividades de rehabilitación y construcción sostenible.
Estos incentivos serán préstamos de hasta un máximo de dos millones de euros, que cubrirán hasta el 70% de la inversión total, incluyendo gastos corrientes vinculados al desarrollo de los planes empresariales. Las firmas beneficiadas podrán incorporarse al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible como colaboradoras o proveedoras de bienes y servicios.
Según Sánchez Maldonado, con la aprobación de este Decreto ley, la Junta cumple con su compromiso de desplegar todos los recursos a su alcance para contribuir a la creación de empleo y la recuperación económica. En concreto, el Gobierno andaluz estima que esta primera convocatoria de ayudas de la normativa permitirá la realización de unas 76.000 actuaciones, que movilizarán una inversión total de 430 millones de euros, la generación de unos 6.600 empleos y un ahorro en los hogares y empresas andaluces de 68.600 toneladas equivalentes de petróleo anales, lo que evitaría la emisión 177.000 toneladas CO2 al año (equivalente a la energía consumida de 39.000 hogares).
Junto a estas medidas de aplicación inmediata, el Decreto ley establece también las bases para la reactivación del sector con criterios no especulativos. Entre otras previsiones, destaca la creación de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible, órgano colegiado de cooperación entre la Junta y los agentes sociales que contará con la participación de las entidades representativas de los sectores de la construcción, energético, financiero y de las tecnologías de la información y la comunicación. Su principal cometido será la definición del Plan Integral para la Construcción y Rehabilitación Sostenible en Andalucía 2014-2020, que establecerá las medidas de reactivación de un sector que actualmente aporta el 8,5% del Valor Añadido Bruto y el 5,5% del empleo en Andalucía.
