Andalucía roza los 200.000 registros de certificados energéticos

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Andalucía ha alcanzado casi los 200.000 registros de certificación energética de edificios en el segundo año de vigencia del Real Decreto 235/2013 del Gobierno central, que obliga a la obtención de estos títulos en determinados inmuebles. El registro de los certificados energéticos en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es obligatorio en aquellos inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio mantiene activo un aplicativo ‘online’ para la obtención de este documento, una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta las delegaciones territoriales para llevarlo a efecto. A lo largo de este periodo, la aplicación ha sido actualizada y mejorada permanentemente, agilizándose el procedimiento en número de pasos y datos necesarios.

El volumen total de registros tramitados dos años después de su puesta en marcha asciende a 197.188, de los que Málaga y Sevilla copan el 50% (concretamente, 99.378), y el resto de distribuye por las demás provincias en porcentajes que abarcan desde el 12,13% de Granada y Almería hasta el 3,9% de Huelva.

Antes de que la norma del Gobierno central iniciara su andadura, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, concretamente el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.

Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hizo extensiva por parte del Gobierno central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas.

Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, la mayoría de los registros pertenecen a la categoría E, con 91.485 certificados, seguida de algo más de 54.000 que corresponderían a la categoría inferior, la G. Las superiores, por el contrario, cuentan con 281 certificados para la categoría A, mientras que la A Excelente -la más elevada de cuantas recoge la norma- se ha otorgado en estos dos años a 54 inmuebles.