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    Anpier denuncia, 62.000 familias fotovoltaicas españolas afectadas

    Por en 02/09/2016
    UNEF

    Anpier denuncia que el recorte a las renovables lo están soportando las familias productoras de fotovoltaica

    Toda la cadena de valor realizó sus beneficios en la instalación, muchas de las grandes iniciativas han podido negociar con la banca o transmitir sus activos al no tener avales personales y los nuevos titulares han adquirido a precio de saldo.

    Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, denuncia que el recorte a las energías renovables impuesto por el Gobierno Rajoy fundamentalmente lo soportan las 62.000 familias fotovoltaicas españolas, a través de las continuas refinanciaciones que están siendo necesarias para que estos productores no pierdan sus activos fotovoltaicos ni los bienes personales que exigió la banca como garantía, un colectivo que retribuyó a toda la cadena de valor y financió sobre la garantía de un Boletín Oficial del Estado.

    Una vez más, son los particulares y las PYMES las que están asumiendo estragos normativos arbitrarios, que liberan a las grandes entidades de cargas, mientras quedan a merced de las consecuencias aquellos que mayor grado de compromiso legal y fiscalización soportan: las familias y las pequeñas iniciativas empresariales.

    Grandes empresas del sector renovable han vendido su activos a fondos y eléctricas con quitas de entorno al 35%

    Muchas grandes empresas del sector renovable español han podido alcanzar acuerdos ventajosos de refinanciación o deshacerse de sus activos renovables, que están yendo a parar a fondos de inversión o han caído en manos de las eléctricas tradicionales aprovechando también generosas quitas por parte de la banca. De esta manera, si bien la retribución ha sufrido mermas importantes, han logrado minorar, en gran medida, sus cargas financieras, lo que les permite incrementar sus rentabilidades y amortiguar los recortes.

     Por otra parte, los inversores internacionales, convencidos de que serán indemnizados, siguen elevando sus reclamaciones al CIADI, órgano de arbitraje del Banco Mundial, con sede en Washington, donde España se ha convertido en el Estado del Mundo con mayor número de reclamaciones por posible quebrantamiento de la Carta de la Energía

    Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, ha explicado que “El Estado nos presentó unos números cuando decidió captar ahorro privado para madurar está tecnología, la fotovoltaica. Esos números, detallados por el Ministerio de Industria, indicaban la diferencia entre la inversión, financiada a 10 años, y los ingresos, que no cubrían las mensualidades de las hipotecas, puesto que el retorno de la inversión se lograba una vez amortizados los préstamos.

    Sin embargo, con los recortes, de hasta el 50%, los pagos a la banca se mantienen invariables mientras que los ingresos se volatilizan, lo que nos ha obligado estirar los plazos de financiación hasta 17 años. Un escenario muy diferente del que han encontrado las grandes empresas que, sin garantías personales, en lugar de alargar su hipotecas, se han logrado quitas de manera directa o en el proceso de venta de los activos”

    Una revolución tecnología y social promovida por decenas de miles de españoles, que suponía una gran oportunidad de redistribuir la riqueza energética de la que ahora disponemos, ha quedado truncada.

    A juicio de Martínez-Aroca Nosotros hemos cumplido, hemos derribado las barreras tecnológicas, ahora las instalaciones son muy baratas, y también ha quedado demostrada la capacidad de ciudadanos y PYMES para poder gestionar con solvencia grandes activos energéticos, de tal manera que los ingresos por generación quedan socializados y se reintegran en la economía local inmediatamente”, sin embargo, ahora, lamenta Martínez-Aroca, “una fuente de generación con vocación social vuelve a manos de la grandes empresas, derribadas las barreras tecnológicas, se erigen muros normativos”

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