Los precios de la electricidad al alza y la progresiva reducción de los precios de las tecnologías como la fotovoltaica han permitido que cada vez sean más los que se planteen generar su propia energía para el consumo propio, consiguiendo así una reducción del precio de la factura eléctrica, y haciéndolo de una manera más limpia y respetuosa con el medio ambiente.
Esta práctica, llamada autoconsumo eléctrico, está muy extendida en el resto de países de la Unión Europea, donde en algunos casos también se permite que exista un intercambio de energía con la red, es decir, en aquellos momentos en que no se consume todo lo que se produce se inyecta esta energía al sistema, y se compensa con aquella energía que se consume de la red cuando la producción propia no alcanza a cubrir todo el consumo del usuario.
En España no sólo no se contempla esta opción, llamada autoconsumo con balance neto, sino que la propuesta de Real Decreto que regulará este tipo de instalaciones plantea que el usuario también tenga que pagar un peaje por aquella energía que produce en su propia instalación. Lo que supondrá pagar por una energía que se ha generado de una forma limpia, en el punto de consumo obviando en todo momento las ventajas medioambientales y económicas que suponen este tipo de instalaciones.
La justificación que el Ministerio de Industria Energía y Turismo aporta para la aplicación de este peaje es la garantía que ofrece la red a este tipo de instalaciones, así como la necesidad, en algunos casos, de tener que hacer nuevas inversiones en las redes de transporte y distribución para la introducción de este nuevo modelo de generación distribuida.
Desde el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya consideramos que este nuevo peaje es desproporcionado y, en algunos casos, completamente injustificado. Por otro lado, la manera en que ha sido definido desincentiva el comportamiento adecuado de las instalaciones de autoconsumo respecto la curva de consumo del sistema eléctrico penalizando, con la aplicación de los precios más elevados del peaje, el autoconsumo en las horas punta, en aquellos momentos donde el sistema requiere de más energía, ya que hay un mayor consumo.
Por otro lado, discrimina a aquellas instalaciones que garantizan que no habrá inyección de energía eléctrica a la red, y que por tanto eliminan la necesidad de realizar nuevas inversiones en la red.
También se elimina la posibilidad de incorporar sistemas de acumulación a este tipo de instalaciones, que permitiría garantizar que no existe inyección de energía a la red, y facilitaría al usuario gestionar su propia demanda de acuerdo con la producción, mejorando la eficiencia de la instalación.
Las consideraciones que incluye este nuevo real decreto, no sólo no incentivan ni facilitan la implantación de este tipo de instalaciones, sino que penalizan el uso de tecnologías que permitan aprovechar los recursos naturales locales, y apostar por un modelo de generación distribuida tal y como marcan las directivas Europeas.
En esta situación, y después de todos los golpes que ha recibido el sector de la eficiencia energética y las energías renovables durante los últimos meses, serán muchas las empresas que no podrán continuar adelante con la paralización absoluta del sector a raíz de las medidas que incorpora esta propuesta de Real Decreto. También implicará grandes pérdidas de puestos de trabajo y de actividad económica, siendo España un país con el recurso, la tecnología y los profesionales necesarios para ser pionera en este sector, como ya lo había sido durante algunos años, antes de que la regulación energética jugara en su contra.
El precio de la energía, cada vez tiene un mayor peso en el balance de costes de las empresas, e interponer barreras en la implantación de aquellas instalaciones, que muchas empresas habían contemplado como una opción viable para la reducción de su factura energética, resta competitividad al país.
Otro aspecto a tener en cuenta es la retroactividad de estas medidas, ya que según la propuesta de Real Decreto las instalaciones existentes tendrán dos meses para cumplir con las consideraciones establecidas en el texto, poniendo, una vez más, en riesgo su viabilidad económica y la confianza del sector.
Desde el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya defendemos que este tipo de instalaciones deben tener una regulación que permita su correcto desarrollo, sin interponer barreras a una nueva modalidad de generación que aporta mejoras medioambientales, genera puestos de trabajo, aumenta la competitividad y reduce la dependencia exterior a partir de la utilización de recursos locales.
