Para Green Building Council España (GBCe), la propuesta del Ejecutivo parece una respuesta “formal” a la denuncia europea sobre la no transposición de la directiva a los edificios existentes
El pasado 20 de febrero, el Ministerio de Industria cerraba el Plazo de Audiencia para presentar alegaciones al Real Decreto sobre Certificaciones Energéticas de Edificios Existentes que exigirá que todas las viviendas que se pongan en el mercado, ya sean nuevas o usadas, tengan un certificado de su eficiencia energética.
Para Green Building Council España (GBCe), la propuesta del Ejecutivo español parece más una respuesta “formal” a la denuncia europea sobre la no transposición de la directiva a los edificios existentes, que un RD que haga frente a todas las necesidades asociadas al tema en que se ocupa; de hecho es muy poco concreta en el ámbito técnico. La asociación considera que el RD por si solo es inaplicable porque está huérfano de los desarrollos reglamentarios necesarios para su cumplimiento, de tal modo que la falta de concreciones técnicas y desarrollos reglamentarios hace que la norma sea, en la práctica, inaplicable.
No obstante, GBCe aplaude la aprobación de esta iniciativa que puede suponer una reactivación económica del sector y que pueda contribuir a crear empleo, con la figura del certificador. La rehabilitación se ha convertido en una de las pocas salidas viables capaz de generar actividad y empleo en el sector de la construcción. Sin embargo, falta una mayor concreción en la propuesta, un calendario claro, y una estrategia de puesta en marcha sólida.
Se echa en falta de nuevo, como ya pasó con el proceso de Certificación de Edificios de Nueva Construcción de 2007, una reglamentación de referencia que sirva para definir los niveles mínimos aceptables cuando se aborda una obra de rehabilitación ya sea de todos los elementos constructivos o sólo de alguno de ellos.
La experiencia con la norma anterior ha sido negativa. La realidad ha demostrado que en la mayoría de comunidades autónomas no se ha exigido y que ni el mercado inmobiliario, ni buena parte de los agentes implicados, prácticamente se han enterado.
La Asociación pide al Gobierno que apruebe cuanto antes unos plazos para la puesta en marcha de la nueva normativa y que las administraciones pertinentes implementen un plan de formación para el sector, para que los profesionales puedan dedicarse a la certificación energética de las viviendas y de esta forma se reactive el empleo de uno de los sectores más afectados por la crisis económica.
