El plazo para la trasposición de la Directiva europea de Contratación Pública se agota hoy 18 de abril para España. Nuestro país debía haber incorporado ya la normativa comunitaria a la legislación nacional, según recuerda la patronal de ingeniería FIDEX, que agrupa a diez de las empresas más importantes e internacionalizadas del sector de la ingeniería en España. Así, al no cumplir con los plazos marcados por Bruselas, el país se expone a la posible apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea.
España llega tarde así a la aplicación de una norma comunitaria que, entre otros aspectos, destaca por reconocer el carácter intelectual de los trabajos de ingeniería, anteponiendo de este modo los criterios de calidad al precio. De hecho, y en espera de que se apruebe el texto definitivo, las adjudicaciones se basarán hasta entonces en esta directiva, lo que supone que deja de existir de momento el requisito de otorgar al precio como mínimo el 50% de la puntuación de la oferta. Esto significa que quien adjudique por precio será porque quiere, no porque la ley le obligue.
La trasposición de la directiva europea, de la que es responsable el Ministerio de Hacienda, difícilmente podrá ver la luz este año, debido al bloqueo institucional por la ausencia de Gobierno desde el pasado mes de noviembre. Dicha trasposición apenas había superado el trámite de la redacción del anteproyecto de ley, quedando por tanto pendiente su tramitación parlamentaria, aplazada ahora sine die en espera de que se aclare la situación de incertidumbre política tras las elecciones del 20-D.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “todos estos retrasos pueden deparar que la nueva ley de contratos no esté lista hasta 2017 o 2018, es decir, uno o dos años más tarde respecto al plazo marcado por Bruselas. Y es que sólo la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Contratos puede llevar entre cuatro y seis meses. No obstante, teniendo en cuenta que dicho anteproyecto de ley lo redactó el anterior Gobierno del Partido Popular, puede suceder que el Ejecutivo entrante apueste por otro texto legal, cuya redacción podría suponer un año de trabajo”.