La fotovoltaica asumirá el 44% de la actual moratoria tras haber afrontado en solitario los recortes retroactivos

La Junta Directiva de UNEF decidió  no recurrir judicialmente el Real Decreto Ley de moratoria a las renovables aprobado el pasado 29 de enero.

Los miembros de la Junta coinciden en que la moratoria discrimina de nuevo al sector fotovoltaico y plantea de hecho la pérdida de los costes hundidos de los proyectos que habían solicitado su entrada en las convocatorias Q1 y Q2 antes del 30 de noviembre, tal y como se pone de manifiesto en dos estudios internos realizados por UNEF en estos días.

Aun así, la Junta Directiva de UNEF tuvo ocasión de alertar al ministro Soria de esta discriminación el 2 de febrero, en la visita institucional que sus miembros cursaron al Ministerio. Pidió entonces al ministro que se resolvieran de forma excepcional la primera y segunda convocatorias de instalaciones fotovoltaicas del año 2012, para evitar una reducción abrupta de la actividad fotovoltaica.

278 MW fotovoltaicos en “tierra de nadie”

En los informes internos elaborados por UNEF se subraya que la discriminación se produce porque los proyectos fotovoltaicos se admiten a trámite de prerregistro trimestralmente, mientras en el resto de renovables las convocatorias son anuales o bienales.

El resultado es que los proyectos fotovoltaicos admitidos a finales de 2011 para ser preasignados en el primer o segundo trimestre de este año han quedado en “tierra de nadie”, y corren el riesgo de que las inversiones realizadas en ellos desde su admisión se conviertan ahora en costes hundidos, con lo que, en la práctica, sufrirían un cambio normativo después de haber realizado la inversión necesaria para acceder al prerregistro.

El pasado 30 de noviembre se admitieron a trámite de preasignación proyectos fotovoltaicos por un total aproximado de 278 megavatios. Con dicha admisión, esos proyectos deberían haberse inscrito a Preasignación de Retribuciones en el primer o segundo trimestres de 2012.

La moratoria a las renovables aprobada por el Ministerio de Industria el pasado 29 de enero anuló la preasignación de estos proyectos. El problema es que, en ese ínterin de sesenta días, en los proyectos fotovoltaicos se han hecho inversiones por más de 35 millones de euros, que se convertirán en costes hundidos en caso de que el Ministerio no les permita seguir adelante.

Las inversiones realizadas en estos sesenta días comprenden avales, coste de proyectos visados y memorias de las instalaciones, licencias de Obras, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y tramitaciones diversas, entre ellas los potenciales estudios medioambientales en suelo.


Por cada euro “ahorrado”, se dejarán de ingresar 3,3 euros

Asimismo, la federación ha realizado una primera estimación del impacto socioeconómico de la moratoria fotovoltaica. El mismo 29 de enero, el Ministerio de Industria evaluó en unos 160 millones de euros el ahorro anual de la moratoria sobre los costes del sistema eléctrico.

UNEF cree que unos 70 millones de ese ahorro, el 44% del total, procederán de instalaciones fotovoltaicas, cuando previamente estas instalaciones ya habían sido las únicas en sufrir los muy elevados recortes retroactivos impuestos por Miguel Sebastián.

Además, UNEF estima que los proyectos solares fotovoltaicos que no podrán salir adelante por la moratoria ministerial supondrán renunciar a una cifra de negocio de 1.441 millones sólo en 2013, a lo que habría que añadir 5.586 millones de euros más entre 2014 y 2016, si la moratoria siguiese vigente.

El parón supondría la pérdida de unos 4.500 empleos directos este año y el próximo, a los que habría que añadir la desaparición de otros 9.570 empleos inducidos a tiempo completo.

Del mismo modo, la actividad sectorial fotovoltaica no generada motivará que las distintas Administraciones del Estado dejen de ingresar sólo en 2013 unos 230 millones de euros en retornos, y supondrá que las importaciones de combustibles fósiles y de derechos de dióxido de carbono se encarecerán en 35 millones de euros, suponiendo que se mantengan los precios actuales y no sigan creciendo.

En la práctica, todo lo anterior supone que, por cada euro “ahorrado” en solar fotovoltaica, el Estado dejará de ingresar 3,3 euros y a la vez deberá pagar otros 50 céntimos para importar más combustibles fósiles.