En contraposición al Bono Social, insuficiente e ineficaz, la Fundación Renovables propone la aplicación de una Tarifa Social.
La pobreza energética es una realidad en España. Como reflejan los distintos informes que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha llevado a cabo con periodicidad anual. Actualmente en España, un total de 6,8 millones de personas sufren condiciones asociadas a la pobreza energética; el equivalente al 15% de la población residente, es decir, no pueden cubrir sus necesidades energéticas básicas. De éstas, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población).
Además, la pobreza energética es responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año. Y 900.000 personas, – aproximadamente el 2% de la población – por dificultades económicas dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía. Porque no podían pagarla y porque ya habían tenido cortes en el suministro. Esto se debe, principalmente, a tres factores: la insuficiencia de ingresos, el elevado precio de la energía y las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de las viviendas.
Bono Social
La solución aplicada por los sucesivos gobiernos de España, el Bono Social, dista mucho de ser la solución; ya que se ha comprobado su completa ineficacia al no aplicarse exclusivamente a los colectivos más vulnerables que lo necesitan.
La cuantía es insuficiente y supone una pérdida de dignidad al identificar el colectivo vulnerable a través de impagos continuados; a pesar de la magnífica labor que están haciendo los servicios sociales de los ayuntamientos.
El Bono Social conlleva la pérdida de la dignidad del solicitante como paso previo a su declaración como miembro de un colectivo vulnerable. Además, las compañías eléctricas se esfuerzan para trasladar a los consumidores de la tarifa regulada PVPC al mercado liberalizado; lo que provoca la pérdida de la oportunidad para acogerse al Bono Social y el consiguiente incremento de la factura eléctrica.
Tarifa Social
Por ello, desde la Fundación Renovables, se solicita la implantación de una Tarifa Social, regulada por ley, que no debería tener un tramo fijo; que tendría que permitir tener una potencia contratada básica, en función del tamaño familiar; tener un consumo mínimo de energía a precio reducido; y la exención de IVA o un IVA reducido.
Rehabilitación de los edificios
Sin embargo, esta tarifa no es suficiente si los edificios siguen siendo un sumidero energético; por lo que se propone un programa para rehabilitar las más de 1,5 millones de viviendas (250.000 al año) que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad; así como que se considere la electricidad como un servicio público y se facilite la cobertura de las necesidades a los colectivos vulnerables.
La lacra de la pobreza energética nos debería avergonzar como sociedad y necesitamos entender que la energía es un derecho para asumir el compromiso de su erradicación lo antes posible.
La buena labor de los ayuntamientos
El esfuerzo que los ayuntamientos están llevando a cabo, no solo desde los servicios sociales sino, también, con la asunción de las deudas para evitar el corte del suministro eléctrico, merece un reconocimiento; y más porque en la mayoría de los casos no cuentan con el apoyo de las administraciones central y autonómicas.
Desde la Fundación Renovables se pide que el acceso universal a la energía sea un derecho garantizado como servicio público; y no como un vector puramente económico.
Por ello, proponen una Ley de Reforma del Sistema Eléctrico que incluya el desarrollo de los planteamientos previos; y además que el pago por uso de las redes de transporte vaya ligado al servicio prestado y no a la rentabilidad de las inversiones.