El Gobierno pretende introducir en la Ley de Presupuestos de 2016 una enmienda que permitirá a las Administraciones Locales aplicar una rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en función de la categoría energética del inmueble.
“Aplicar bonificaciones fiscales en función de la eficiencia energética de los inmuebles puede ser un camino muy efectivo para avanzar en la concienciación sobre la importancia de la eficiencia energética. Es algo que tenía que llegar”, afirma Luis Cañada, director de Consultoría Energética de Tinsa.
Actualmente, la obligación legal de poseer un certificado energético solo se aplica a los inmuebles en comercialización (en venta o alquiler). Si se quieren alcanzar los objetivos ambientales marcados por Europa, son necesarias medidas que contribuyan a promover que propietarios en general se sometan al examen de la eficiencia energética. En opinión de Cañada, el beneficio a medio plazo es doble.
“Este tipo de medidas permitirá a las Administraciones afinar el conocimiento del estado de su parque de viviendas y, por tanto, ser más efectivos en el desarrollo e implantación de las políticas energéticas que deben llevar a cabo”, afirma.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, el responsable de Consultoría Energética de Tinsa destaca que, además de aumentar su conciencia energética, los beneficios fiscales abren la puerta a que los propietarios perciban que la eficiencia también impacta en sus bolsillos. “El certificado de eficiencia energética de una vivienda permite conocer con criterios técnicos medibles el margen de mejora en términos de consumo que existe en una vivienda y cómo ello se puede traducir en un ahorro en los gastos mensuales. En un futuro próximo y gracias a iniciativas como esta, la eficiencia energética será un factor que influirá en el valor de los inmuebles a efectos de una compraventa”, apunta Cañada.
La medida según apunta El Mundo, que ha publicado hoy la noticia, también aplicaría a edificios de oficinas. Para los grandes propietarios de inmuebles, los requerimientos en materia de eficiencia energética son mucho más claros y apremiantes. Este año debería trasponerse a la normativa española, la directiva europea que obliga a todas las grandes empresas a realizar una auditoría energética de todos sus inmuebles en uso antes del 5 de diciembre de 2015.
Fuente: Tinsa