Según datos de A3E entre un 20% y un 25% de las grandes empresas no han realizado la auditoría energética obligatoria.
Además el 40% de las auditorías energéticas obligatorias realizadas no alcanzarían el umbral necesario de calidad para implantar medidas de ahorro y eficiencia energética.
En 2020 las grandes empresas deben realizar la segunda auditoría energética (la primera deberían haberla realizado en 2016); o alternativamente deben tener un sistema de gestión energética implantado, tal y como establece el Real Decreto 56/2016. Están sujetas a este Real Decreto, todas las empresas o grupos de empresas con más de 250 trabajadores en plantilla; o bien aquellas que facturan más de 50 M€ y tengan un balance superior a 43 M€.
Sin embargo, según un análisis de A3E, a pocos días de que finalice el más de un 20% no habrían cumplido con la norma. De igual forma, cerca del 40% de las auditorías energéticas realizadas, se han hecho solo para cumplir con la obligación; y no cuentan con el alcance y/o la calidad necesaria para implantar medidas de ahorro energético, que es su verdadera finalidad.
Desconocimiento de la norma por parte de las empresas
Entre las razones por las que las grandes empresas no cumplen la norma, la respuesta más recurrente ha sido el desconocimiento de la auditoría energética obligatoria; seguido de la ausencia de personal cualificado dedicado a estos temas en las empresas.
Las auditorías energéticas aportan información relevante sobre los consumos, los potenciales ahorros, así como las alternativas que se tienen para ahorrar y sus costes. Y en la mayoría de los casos “destapan” inversiones muy rentables en términos de ahorros, con pay-backs inferiores a 4-5 años. Son necesarias para cualquier empresa o entidad, de cualquier tamaño y sector, que quiera mejorar su eficiencia energética.
Los datos de las auditorías deben inscribirse en los registros que han habilitado las Comunidades Autónomas; y son éstas las encargadas de inspeccionar y controlar la calidad de las mismas. Algunas Comunidades Autónomas han enviado cartas a las grandes empresas para recordarles la obligación; pero es el Ministerio de Transición Ecológica el que debe controlar la obligación de auditar al menos el 85% de los consumos a nivel nacional, tal y como establece el Real Decreto 56/2016. Las sanciones pueden elevarse hasta los 60.000 €.
Resulta difícil de creer que, tras casi cinco años de que entrara en vigor, la Administración no haya encontrado la vía adecuada para informar de la obligación a las empresas; o bien se haya dado con el mecanismo para hacer cumplir el Real Decreto. Si no se realizan las auditorías energéticas con la calidad y el alcance necesarias, difícilmente se podrán implantar medidas de ahorro; y no cumpliremos con los objetivos de eficiencia energética y climáticos comprometidos por España en el Plan Nacional de Energía y Clima.
