La Asociación Eólica Española (AEE) emite una valoración positiva de una Ley que está llamada a ser el hito fundacional de la transición energética española.
Esta Ley tiene que ser el marco de actuación estable y el pistoletazo de salida para activar las oportunidades de reactivación económica que puede suponer para España apostar por nuevas instalaciones renovables. Como es el caso, especialmente de los parques eólicos, porque tiene un efecto tractor en todo el territorio sobre la cadena de valor industrial; así como de la industria de materiales y de la construcción que son necesarios para su materialización; y, además, generan nuevos ingresos económicos a nivel local, particularmente en las comarcas de la España vaciada.
El nivel de ambición de descarbonización para 2050 de la Ley, cero emisiones netas, es acorde con el reto que supone para nuestro país el cambio climático; y al mismo tiempo pone en valor la capacidad que tiene nuestra sociedad y nuestro territorio para alcanzar dicha meta. Es también una clara oportunidad para desarrollar una economía sostenible en nuestro país; algo para lo que nuestras empresas están preparadas: aportando toda su experiencia, conocimiento, talento para la innovación; y el trabajo de miles de personas para hacer que la energía que se consume en España sea limpia, renovable y autóctona.
Objetivos
Los objetivos intermedios para 2030 son afines con los objetivos establecidos en el paquete de energía y clima 2021-2030 de la Unión Europea. Pero son inferiores a los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). La AEE está convencida, que según se vaya avanzando a lo largo de esta década en el despliegue de las energías renovables, se podrán aumentar también los objetivos de la Ley para que reflejen la ambición del PNIEC.
No hay que olvidar que aún alcanzado el objetivo de 2030 de reducir las emisiones de CO2 en un 20-23% respecto a 1990; aún quedarán por eliminar más de 200 M Ton de CO2 hasta 2050. Por lo que a lo largo de esta década habría que sentar las bases para que en las dos siguientes tengamos la tecnología, industria, mano de obra, financiación; y marco regulatorio adecuados para esa segunda fase de la descarbonización que va a ser aún más exigente. En esta década hay que construir las bases para poder seguir avanzando en las dos siguientes.
La ley incluye propuestas solicitadas por la AEE
En la propuesta de Ley se incluyen:
- el establecimiento de la figura legal del almacenamiento y de la hibridación de tecnologías renovables;
- la posibilidad de optimizar los puntos de acceso a la red mediante la sobrepotenciación (cumpliendo requisitos técnicos establecidos) que favorecerá la repotenciación de las instalaciones eólicas más;
- o avanzar en la electrificación del transporte.
También se ha plasmado en la propuesta:
- el cambio del actual diseño de subastas de energía renovable de incentivos a la inversión; por un sistema de subastas en el que se determinará el precio de retribución de la energía de las nuevas instalaciones renovables necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. Este punto facilitará la financiación de las instalaciones y dará seguridad a los inversores; y
- La distinción entre tecnologías de generación en función de sus características técnicas; niveles de gestionabilidad; criterios de localización; madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada”. Esta distinción en las subastas entre tecnologías pondrá en valor la contribución que cada una de ellas tiene que aportar a la descarbonización de la energía; y al mismo tiempo al funcionamiento del sistema eléctrico.
Aspectos clave no incluidos en la propuesta de ley
Existen algunos aspectos claves que no están incluidos en el texto actual de la propuesta. Estos son los siguientes:
- La no inclusión en el texto actual de la referencia de 3.000 MW de potencia renovable a subastar anualmente hace aún más importante la obtención de un calendario de subastas de renovables por lo menos para los próximos 5 años (al igual que en otros países europeos). Así las empresas podrían planificar correctamente sus inversiones, adecuar su capacidad de fabricación. Con lo que se evitarían acelerones, frenazos y efectos “llamada” innecesarios, que puedan generar problemas logísticos e ineficiencias económicas; lo que podría en peligro el cumplimiento de los objetivos 2030.
- Es necesario establecer una Hoja de Ruta concreta para los cambios de calado que requiere la política fiscal actual a efectos de transformarla en una fiscalidad verde; acorde al reto de movilizar inversiones de más de 20.000 M€ anuales en tecnologías renovables, eficiencia energética y adaptación al cambio climático. Se necesita una planificación clara de las actuaciones para avanzar al ritmo adecuado y alcanzar los objetivos de 2030.
- Es crítico regular la situación del acceso y conexión a la red. Por una parte, hay que avanzar de forma urgente y sincronizada con el Real Decreto de Acceso y Conexión y la Circular de la CNMC- siempre de acuerdo a lo establecido en el presente Proyecto de Ley-; y por otra parte, hay que asegurar que no se va a generar una caducidad masiva de permisos de acceso y conexión de proyectos serios en avanzado y contrastado estado de desarrollo y ejecución. De esta forma no se pone en peligro el necesario despliegue continuo de nueva potencia renovable.
