Con el marco regulatorio adecuado, diez millones de viviendas principales construidas antes de 2001 pueden ser transformadas en casas de bajo consumo y de baja emisión de gases de efecto invernadero en las próximas cuatro décadas.
Así lo asegura el informe “Una visión-país para el sector de la edificación en España”, lanzado por un grupo de expertos en rehabilitación en Vitoria-Gasteiz, dentro del primer gran evento del programa de la European Green Capital.
Este grupo de trabajo, coordinado por GBCe y Fundación Conama, se creó como un instrumento de continuación de diversos congresos desarrollados durante el año 2010 que concluyeron en la necesidad de proponer un cambio en el sector de la edificación para abordar los actuales retos económicos y ambientales.
Según las estimaciones de este trabajo, este cambio de 180 grados en el modelo de negocio de la edificación del país permitiría reactivar el sector y generar entre 110.000 y 130.000 empleos directos estables y de calidad entre 2012 y 2050. Esta apuesta por la rehabilitación del parque de edificios supondría una inversión de hasta 10.000 millones de euros anuales, que serían aportadas por el ahorro de las familias, por entidades financieras, por empresas de servicios energéticos, por empresas energéticas y por el Estado, recibiendo cada fuente de inversión retornos diferentes provenientes de los ahorros de energía y de emisiones, beneficios sociales, o mejora en la calidad de las viviendas.
El informe, realizado por Albert Cuchí, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y responsable de Formación de GBCe, y Peter Sweatman, director general de Climate Strategy & Partners, dentro del denominado Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (1), define un plan de acción para conseguir estos objetivos reconvirtiendo el sector de la edificación del país en el de la rehabilitación.
Estos expertos consideran que el tradicional negocio ligado a la producción de edificios nuevos no resulta viable ambientalmente ni tampoco se puede esperar que vuelva a la situación anterior a la crisis económica. No obstante, sí que creen que el sector puede recuperarse su papel dinamizador de la economía española con un marco regulatorio que ayude a su reconversión. Según el informe, de esta forma se podría conseguir un ahorro de hasta 300.000 millones de euros en eficiencia energética y en ahorros de emisiones en España hasta el año 2050.
Según una estimación a enero de 2011, en España existirían en la actualidad unos 10,2 millones de edificios, en los que habría 25 millones de viviendas y 700.000 de ellas desocupadas. Construidos antes del año 2001, existen 8,5 millones de edificios residenciales, de los que el trabajo centra su atención en 14,5 millones de viviendas con unas características especialmente interesante: De este grupo de viviendas, cerca de un 60% fueron construidas antes de 1980, hace más de treinta años, cuando todavía no habían aparecido las normas que regulan la eficiencia energética.
A cambio de un adecuado marco de ordenación que facilite tanto la legislación oportuna como la articulación de los subsidios directos, la financiación con bajos tipos de interés o los beneficios fiscales a la rehabilitación, el estudio calcula que España puede alcanzar en 2050 los diez millones de viviendas rehabilitadas energéticamente –el 64% más ineficiente del parque de viviendas principales anterior a 2001– reduciendo su consumo de calefacción en un 80% y sus demandas de energía comercial para el agua caliente sanitaria en un 60%. Ello implicaría un 34% de reducción de las emisiones del sector de la vivienda respecto a 2001, lo que supone un avance determinante para conseguir, mediante otras acciones basadas en otros consumos y el cambio de modelo energético, la reducción del 80% de las emisiones del sector para esa fecha.
El total de inversión requerida para alcanzar esos objetivos se estima en unos 160.000 millones de euros hasta 2050 –que se retornan con los ahorros generados antes del final del periodo del Plan– a los que los expertos añaden un 50% adicional debido al efecto arrastre de las inversiones en eficiencia energética sobre otras inversiones en mejora de calidad de la vivienda, con lo que la inversión movilizada por el plan de acción alcanzaría los 240.000 millones de euros en 38 años, una cantidad similar al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020.
