Andalucía registra un total de 4.771 megavatios de potencia renovable instalada, al cierre de 2011

Por en 13/01/2013

La mayor parte de la potencia renovable instalada procede de la energía eólica.

Las energías renovables en Andalucía han registrado, al cierre del  pasado año 2011, un total de 4.771 megavatios instalados procedentes de energías renovables, lo que supone un 12, 5 por ciento más que el ejercicio anterior, con 532 megavatios nuevos,  según los datos del informe anual del Observatorio Andaluz de Energías Renovables de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN).  

La mayor parte de la potencia renovable instalada procede de la energía eólica, con 3.129 megavatios, que representan el 66 por ciento del total. Le sigue la energía fotovoltaica conectada a red, con 783 megavatios, que suponen el 16 por ciento del total; la termosolar, que se sitúa en 650 megavatios, con un 14 por ciento sobre el total; y la biomasa eléctrica, que contabiliza 209 megavatios, que representan el 4 por ciento del total.

Andalucía sigue ostentando el liderazgo nacional, por comunidades autónomas, en potencia renovable instalada procedente de energía  termosolar y de biomasa. Ocupa la segunda posición en cuanto a energía fotovoltaica, detrás de Castilla-La Mancha,  y es la cuarta comunidad en energía eólica, detrás de  Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

En términos globales, Andalucía se encuentra en el tercer puesto en España en megavatios renovables instalados  tras Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

APREAN considera que la actualización de los datos de megavatios renovables instalados en Andalucía, que implican una inversión asociada de más de 7.000 millones de euros y la creación de más de 12.000 puestos de trabajo directos (en su mayoría en zonas rurales y de escaso desarrollo), obliga a una seria reflexión sobre lo que las energías renovables han contribuido y son capaces de generar  en el conjunto de la economía.

La asociación reclama de la Administración, tanto regional como nacional,  apoyo institucional, seguridad jurídica  y un marco de desarrollo razonable del sector en los próximos años, conscientes de la situación actual que vive el país  pero también de la obligación de no poner en riesgo de destrucción a una industria sólida, ya consolidada,  creadora de empleo y riqueza, y con clara voluntad de seguir invirtiendo y aportando soluciones al problema de la crisis actual.

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